Quien Controla A Los Jueces En Colombia

  • Uploaded by: Ivan Alfonso Cordero Gutierrez
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QUIEN CONTROLA A LOS JUECES EN COLOMBIA Este ar´ticulo pretende solo esbozar de una manera general la necesidad de control que deben tener las actuaciones judiciales sin que sea entendido como una censura ó usurpación de los poderes de nuestros Jueces. Se enlistarán los diferentes controles vigentes dentro de nuestro ordenamiento procesal para que la sentencia sea realmente un acto que cumpla con su finalidad primordial de resolver un conflicto. Estos métodos o fórmulas atienden mas a un criterio de índole formal velando por el cabal cumplimiento del debido proceso en el cual se basan. La decisión de fondo debe cumplir con la ley y debe estar soportada por una adecuada argumentación, actividad esta que es una obligación exclusiva del juez. La aspiración por un control de la decisión del juez desde el fondo de la misma, vulnera el debido proceso frente al concepto del juez natural y genera un contrasentido en relación con el mecanismo de solución de conflictos llamado proceso jurisdiccional. Los controles mencionados, al momento de ser utilizados por el Juez o por los demás sujetos procesales, no ofrecen la suficiente claridad respecto a uso, pues cada uno se refiere a cierto aspecto formal que pudo haber sido vulnerado dentro del procedimiento específico. Sería más fácil establecer un solo control que cobijara todas las posibles fallas o yerros frente a la vulneración de principios procesales propios del ejercicio del derecho de defensa. Esta pretensión de univocidad se evidencia en el ejercicio de la acción de tutela por vías de hecho, de ahí que es necesario plantearse el siguiente interrogante. Será entonces necesario mantener los demás controles y organismos que se encargan de resolverlos si ya tenemos un mecanismo idóneo para hacerlo como la tutela para solucionar los yerros judiciales? Considero que la existencia de una acción de tutela o de amparo Constitucional es una vergüenza para el Estado, pues es el reconocimiento expreso de su propia ineficacia para cumplir con los fines que se propuso defender. Es tan claro que nuestro Estado se encuentra tan distante del cumplimiento de los fines que se propuso al menos a corto plazo, que tiene que apelar a mecanismos tan abruptos para que se cumplan estos fines a algunos de sus asociados. El profesor García Amado, en sus alocuciones dejó en el aire una reflexión que realmente me inquietó y es el hecho de que la tutela no es el mecanismo apropiado para que el Estado logre sus fines ya que el poder judicial no es el llamado a legislar y un Estado social de derecho no es aquél en el que los Jueces se imaginen o

definan ó el que cada habitante pretenda que sea, de acuerdo a su propia conveniencia. Lo peor de todo es que este individúo logra su individual bienestar a través de este perverso mecanismo de amparo constitucional, en frente de todos los demás que al ver este resultado optan inmediatamente al amparo sin más opción para el juez de tutela que otorgarles beneficios individuales. El profesor García Amado rematando su idea nos decía que …”… Con una tutela se resuelve el problema de un habitante del país mientras que con una ley se resuelve el problema de toda la población…”. Es preocupante pensar que en Colombia su población se sienta tan demócrata, pluralista y participativa porque ven como día tras día mas compatriotas logran beneficios particulares en pro de la defensa de sus derechos fundamentales. La siguiente pregunta será entonces Si los derechos fundamentales mutan a la categoría de intereses particulares? Nuestros Jueces dedican su tiempo a realizar actividades que no son propias de su cargo, como la intervención en medios y en política. El tiempo restante lo dedican a resolver de forma prioritaria las acciones de tutela que les son repartidas. Existen dos posibles alternativas en pro de devolver al juez ordinario a su normal actividad: La primera sería la conversión de algunos juzgados Municipales en juzgados encargados exclusivamente a resolver tutelas por periodos de 2 años, al cabo de los cuales se rotaría esta competencia a los Jueces Municipales que siguen por número o por reparto para que la actividad no se convierta en rutinaria. La segunda sería cambiar el indicador de gestión que actualmente se tiene para evaluar el trabajo de los Jueces que es el número de sentencias emitidas por los tiempos de respuesta o cumplimiento de términos para proferir las actuaciones judiciales. Esto conllevaría a que los Jueces no se preocupen por el número de fallos a proveer lo que ha desencadenado en una problemática de calidad por el afán de cumplir con un fallo cualquiera que sea incrementando la posibilidad respecto a la ocurrencia de yerros judiciales ó una laxa aplicación de los controles formales. La real solución al problema de la congestión que generan las tutelas es que el legislador se dedique a aprobar leyes que atiendan las verdaderas necesidades del Estado para lograr el cumplimiento de sus fines de acuerdo con el tipo de Estado. Es increíble que algo tan simple como esta idea, sea considerada bajo nuestra realidad como una utopía. Mientras el Gobierno de turno y el consejo superior de la judicatura sigan equiparando eficacia de la justicia con número de sentencias proferidas en un año, la justicia no seguirá coja sino estática y además con mala calidad. Mientras el legislador le siga delegando el papel de búsqueda de la eficacia en la justicia al ejecutivo, seguiremos bajo la regla de que eficacia es igual a denegación

de justicia. Esto lo podemos evidenciar con la creación de las figuras del desistimiento tácito, medida de índole administrativo, que es el ejemplo del mal uso que se da al concepto de carga procesal. Considero que la eficacia de la justicia no debe ser medida por el número de fallos proferidos ni por la cantidad de procesos terminados de forma anormal aplicando herramientas propias de denegación de justicia. En conclusión, es una necesidad el hecho de controlar a los Jueces, esta se deriva del principio democrático que ve en el absolutismos de los poderes su principal enemigo, por ende es de buen recibo el pensar que la actividad judicial debe ser controlada. Si existen mecanismos de control judicial adecuados se afianza mas la idea de la independencia del juez respecto a las decisiones de fondo de un conflicto pues si esta ha pasado los filtros formales y de la debida argumentación, la aceptabilidad o universalidad de su decisión se fortalece.

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